Fecha: 29 de marzo de 2009
El 24 de septiembre de 2008, el parlamento europeo aprobó el paquete de medidas para las telecomunicaciones que incluían las famosas enmiendas torpedo propuestas por el eurodiputado conservador inglés Malcolm Harbour. Sin embargo, las medidas inicialmente propuestas por Harbour (H1, H2 y H3) fueron aprobadas parcialmente ya que las más duras cayeron en votaciones preliminares y finalmente se decidió que las operadoras en cooperación con los gobiernos podrían avisar a los usuarios sobre descargas y/o acciones ilegales, pero sin llegar a cortar el acceso a Internet. Las medidas no especificaban de qué manera había que avisar al usuario.
De todas maneras ha habido países que han ido desarrollando leyes e iniciativas propias en la lucha contra la piratería como el caso de Francia y su ley Hadopi que estaba barajando la posibilidad de cortar el acceso a Internet a los usuarios que fueran reincidentes con descargas juzgadas con ilegales. En el caso de Gran Bretaña por ejemplo, la ley tiene previsto avisar como primera medida a los usuarios, para cortar la conexión temporalmente en caso de reincidencias y hacerlo definitivamente de por vida si hubiese una tercera vez. Las operadoras estarían obligadas por ley a cortar las conexiones bajo amenaza de fuertes multas.
Esta semana, el parlamento europeo se ha pronunciado sobre estas medidas. El informe del socialista griego Stavros Lambrindis afirma que «los gobiernos o las empresas privadas no deben recurrir a la denegación de dicho acceso como medio para imponer sanciones”. Lo cierto es que el parlamento europeo no obliga, simplemente se ha elaborado un informe donde se habla de la seguridad y la protección de las libertades individuales en Internet a la vez que se advierte de las malas consecuencias que tendría deconectar a los usuarios de Internet que según el parlamento europeo es el nuevo «analfabetismo del siglo XXI». La inmensa mayoría de los eurodiputados (485 a favor contra 25 en contra) coinciden en que las garantías de acceso a Internet para los ciudadanos es equivalente a la garantía de escolarización.
De todas formas hay muchos intereses creados detrás de estas medidas. Por una parte las discográficas y demás propietarios de contenidos quieren convertir a las operadoras en policías de los usuarios. Las operadoras no están dispuestas a asumir este papel y hay casos, como el de las operadoras británicas agrupadas en el ISPA , que han declarado que no piensan ejercer como tal ya que se consideran «meros conductores» y bastante tienen con proporcionar un servicio estable y de calidad como para ponerse a ver qué estan haciendo los usuarios, por no hablar de los problemas legales de ataque a la intimidad de los usuarios que ello implicaría.
Por otra parte está pendiente la declaración ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – Acuerdo Antifalsificación para el Comercio) emitido por el G8 en julio pasado donde se instaba a la aceleración de las negociaciones para establecer un marco mundial de control de contenidos en menos de seis meses basado en la colaboración de los proveedores de contenidos y los poseedores de derechos, que de momento no ha llegado a nada concreto.
En mi opinión la puesta en práctica de cortes del acceso a Internet para usuarios europeos nunca se va a llevar a cabo porque, aunque existen fuertes presiones de las discográficas y demás poseedores de derechos, a las operadoras sencillamente no les interesa por varias razones:
- Uno de los principales argumentos que justifican los grandes caudales que se contratan en la actualidad tiene que ver con la utilización de los servicios P2P. Otra cosa será cuando la televisión de alta definición se convierta en algo cotidiano a través de Internet, y los servicios de streaming adquieran el protagonismo que hoy en día empiezan a tener tímidamente a través de servicios como youtube que implica utilizaciones muy puntuales de caudales no muy altos. También convendría considerar en este punto el alza que en unos años tendrán los mundos virtuales tipo SecondLife que también traerán sus propias demandas de ancho de banda que hoy día ni son importantes ni condicionan a los usuarios a contratar más o menos caudal.
- Técnicamente no es un tema sencillo el control de las descargas P2P además de muy caro, porque supone realizar filtros masivos de contenidos sobre puertos y protocolos cada vez más complicados. No se trata de controlar a unos cuantos usuarios que utilizan una aplicación muy concreta, se trata de controlar a millones de usuarios que utilizan una infinita variedad de aplicaciones pensadas en muchos casos para ocultarse a los controles como ocurre con los sistemas de ofuscación que utilizan herramientas como Emule.
En definitiva, a día de hoy las operadoras tienen la sartén por el mando y no van a ceder porque no les interesa. Los gobiernos no van a tener mucha capacidad de presión porque supone poner en marcha medidas muy antipopulares (no está el horno para bollos con los tiempos que corren) y son conscientes de que los controles sobre las operadoras, incluso con la ayuda de los usuarios, como ocurre en la actualidad con las calidades de los servicios de acceso a Internet, son extremadamente complicados. Además la Unión Europea, entre otros organismos, se opone ya tácitamente a esta medida desde esta semana.
Los propietarios de derechos de contenidos (la SGAE española, SACEM francesa, PRS inglesa, RIAA americana, etc) se empienzan a quedar solos en esta lucha. Su reacción no puede venir a través del control de los servicios de descarga porque, como decía Mike Oldfield, es como ponerse a mirar al mar y decirle que se esté quieto. Su reacción tiene que venir por la construcción de nuevos modelos de negocio apartados del sistema actual que se basa en vender para poseer y más cercanos a la realidad de consumo que ha impuesto Internet y las nuevas tecnologías.
Las enmiendas «torpedo» o enmiendas Harbour, ya que fueron propuestas por el eurodiputado inglés 
La Noticia Tecnológica de la Semana 