La semana del Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet

Fecha: 6 de diciembre de 2009

La noticia de esta semana ha sido, sin duda, la publicación del manifiesto sobre los derechos fundamentales en Internet. Este manifiesto que se reproduce al final ha sido consecuencia de un punto del anteproyecto de ley de economía sostenible que deja entender la posibilidad de realizar modificaciones legislativas a nivel de LSSI y LPI para permitir la desconexión de un lugar sin intervención judicial previa. En realidad esta situación no es nueva, en la actualdiad en España la LSSI ya contempla la posiblidad de desconectar un web para los casos de investigación penal y la seguridad nacional; la salud pública; la dignidad de la persona y la protección de la infancia. Pero no se contempla hasta ahora la protección de la propiedad intelectual como quinto caso en cuyo caso se podría desconectar un web sin autorización judicial, que es precisamente el punto que contempla la nueva Ley de Economía Sostenible.

A nivel operativo, la clausura de sitios web como medida de defensa a la propiedad intelectual se realizaría a través de un nuevo organismo denominado Comisión de la Propiedad Intelectual que en principio estaría formado por 6 personas. Estas 6 personas (2 del ministerio, 2 de organismos de derechos de autores y 2 de operadores) tomarían decisiones de bloqueo de acceso a webs ante denuncias realizadas por autores o empresas perjudicadas por la distribución de determinados contenidos. Es decir, que si la ley se desarrolla como parece y se va a impedir o desconectar del acceso a los sitios que finalmente proporcionan los datos de intercambio o descarga, llegaríamos a una situación donde esta nueva Comisión de la Propiedad Intelectual bloquearía el acceso a lugares como Megaupload, Rapidshare, Megavideo, etc, para todos los usuarios españoles. Esta situación en la actualidad sólo se produce en países como China, Corea del Norte o Cuba, además de que en el caso de China, que es quizás el más conocido, se sabe que se trata de un sistema extremadamente caro de mantener y que existen programas que son capaces de saltarlo.

Poco después de publicarse el Manifiesto y de que el Gobierno se diera cuenta de la que había liado, la ministra González Sinde convocó a una reunión a los creadores del manifiesto y algunos bloggers para recoger su punto de vista, aunque no valoró la posibilidad de modificar la ley según narran los propios asistentes. Posteriormente a esta reunión fue el propio Presidente Zapatero quien afirmó que no se iba a cortar la conexión a nadie sin intervención judicial, lo que ha dejado a la ministra en una situación bastante complicada.

Según noticias publicadas posteriormente, muy poca gente era consciente de esta coletilla que introdujo el Ministerio de Cultura en el anteproyecto de ley de Economía Sostenible, o que incluso lo pudo hacer directamente Moncloa. ¿Qué va a hacer ahora el Gobierno? Es un tema complicado, no se pueden poner puertas al campo, es necesario proteger los derechos de autor para salvaguardar los derechos de ciertas industrias que en la actualidad están amenazados, y a la protesta masiva de toda la red canalizada a través del Manifiesto que se reproduce a continuación hay que unir la de autores (mucho menos masiva) que se produjo días antes delante del Ministerio de Industria donde de produjeron las famosas manifestaciones de Rosario Flores.

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN INTERNET

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.